Por Anaid García Tobón (@laanaidtobon) y Sarahí Salvatierra*
Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que decidir sobre el futuro de nuestro derecho a la información pública, la gran preocupación es que la propuesta de resolución a cargo de la Ministra Loretta Ortiz tiene el objetivo de desechar la solicitud del INAI de que sean designados tres de sus integrantes ante la omisión del Senado de realizar esos nombramientos.
A pesar de que desde hace más de 466 días el Senado no ha elegido a quienes serán las y los comisionados del instituto, la propuesta que fue publicada hace unos días, no considera la existencia de una omisión por parte del Senado. Este no ha sido el único embate de la ministra en contra de la transparencia, pues también rechazó la solicitud previa del INAI de implementar como medida cautelar la posibilidad de sesionar con las cuatro personas que actualmente integran al instituto (la Ley General de Transparencia sólo les permite sesionar con un quorum mínimo de cinco) y con ello evitar la acumulación de más reclamos ciudadanos por la falta de respuestas de las entidades públicas a sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, que a la fecha son más de 6 mil 958.
Sería muy grave que se aprobara el proyecto de la ministra Loretta, por un lado, porque seguiríamos con un INAI inoperante que no pueda defender a la sociedad cuando las instituciones violen sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales y con ello estaríamos frente al riesgo de retroceder 20 años en la garantía de esos derechos. Por otro lado, porque la misma Corte negaría su rol como poder público que vela por la vigencia normativa y constitucional que garantiza nuestros derechos humanos y de control político frente a las omisiones del legislativo.
Sin un organismo autónomo garante de estos derechos, volveríamos a aquellas épocas cuando la información se otorgaba a voluntad de las autoridades, en el modo y formas que les convenía, cuando no era posible monitorear la asignación de recursos públicos ni saber si estos se utilizaban de manera eficiente, prioritaria o a favor de quienes menos tienen; cuando la toma de decisiones era muy discrecional o favorecía a ciertos grupos o cuando las autoridades podían alterar la verdad de violaciones graves a derechos humanos sin ninguna consecuencia social, dejándonos sin la posibilidad de tener verdad, justicia, ni reparación.
Gracias a las decisiones del INAI hemos podido conocer más sobre violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción que las instituciones han querido ocultar. Por ejemplo, qué pasó realmente en el caso de Tlatlaya y qué actores públicos intervinieron; por qué no se han sancionado a las personas vinculadas con el escándalo de corrupción de la Estafa Maestra y qué no está haciendo el gobierno para evitar la repetición de estos casos o más recientemente información sobre el caso Segalmex donde se desviaron 9, 500 millones de pesos.
Pese a la importancia de las labores del órgano garante de poco han servido los pronunciamientos de distintos sectores como el del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1), de las organizaciones de la sociedad civil y otros recursos legales interpuestos. Apenas en mayo pasado el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Permanente del Congreso citar a sesión extraordinaria para realizar los nombramientos del INAI. Aunque hubo sesión para atender el asunto se resolvió que no se llevaría a cabo el proceso por una falta de acuerdo político.
Frente a un escenario donde la Cámara Alta se resiste a realizar las designaciones, a pesar de los mandatos judiciales que le han ordenado realizarlas, la única camino que queda es la decisión que tome esta semana la Corte, a quien sí le corresponde salvaguardar los derechos humanos y ejercer control político respecto a las acciones y omisiones de los poderes que atenten contra nuestros derechos.
Por ello, llamamos a las y los ministros de la Corte a no acompañar el proyecto de la ministra Loretta Ortiz y a votar a favor de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Será muy grave #LoQueDejamosDeSaber si la Corte no va por la transparencia.
* Anaid y Sarahí son parte del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
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1. https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2023/04/Carta-Presidente-Mesa-Directiva-y-Junta-de-Coordinacion-Politica-del-Senado-designaciones-INAI.pdf
